NUEVA YORK._ El carnicero y descuartizador dominicano Humberto Pepín Taveras de 44 años de edad y quien enfrenta un juicio federal con la posibilidad de ser condenado a la pena capital por inyección letal en la prisión de Ostiville donde está recluido, podría ser el segundo criollo en ser ejecutado en la historia migratoria de la comunidad dominicana en Estados Unidos.
El 24 de marzo de 1993 el dominicano Carlos Santana de 40 años de edad, convicto de asaltar un camión blindado que transportaba dinero de establecimientos comerciales a bancos de la ciudad y asesinar a uno de los guardias de seguridad, fue ejecutado en Texas a pesar de una campaña nacional para que el entonces gobernador George Bush le condonara la pena.
Santana fue defendido por el reputado abogad Jack Ramsey que fuera Procurador General de estados Unidos durante el gobierno del presidente Lindon B. Jonson, pero las estrategias defensivas no dieron resultado. A pesar de que en el juicio se demostró que Santana no fue quien apretó el gatillo, el jurado lo declaró culpable de complicidad y conspiración e intención de matar.
La Corte Suprema rechazó una apelación dos horas antes de que Santana fuera inyectado. Fue el reo #55 ejecutado en ese estado sureño y el 196 desde que en 1976 el tribunal supremo reinstauró la pena capital en Estados Unidos. “El amor es la respuesta, no el odio”, escribió el quisqueyano antes su muerte en la cámara de ejecución.
Santana que trabajó como electricista en la República Dominicana participó en el asalto en 1981 contra el camión de la empresa Purolator Armored Inc de Houston, donde cayó asesinado el guardia de seguridad Oliver Flores.
Según el expediente el criollo y el afro americano volaron las ventanillas del camión con cartuchazos de escopetas que portaban y obligaron al segundo guardia a retirarse, llevándose el dinero.
Fueron detenidos a un cuarto de milla de distancia de la escena del atraco una hora después del robo. Los abogados de Santana pidieron al jurado considerar que había vivido en la extrema pobreza y fue un niño abusado.
Un afro americano identificado como James Meanes que fue el que asesinó al guardia y exculpó a Santana de esa responsabilidad, admitiendo el homicidio fue también ejecutado después que inyectaran al dominicano. Tras la sentencia y por sugerencias de la activista chicana Teresa Gutiérrez que se puso en contacto con organizaciones dominicanas de Nueva York, se integró el Comité de Defensa a la Vida de Carlos Santana y se enviaron cientos de cartas a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, al gobernador tejano y al congreso, pero esos esfuerzos resultaron inútiles.
