SANTO DOMINGO. - Con la entrada en vigencia en el día de hoy de la Ley 186-07, que castiga el fraude eléctrico, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE), Radhamés Segura, advirtió a los que incurran en la práctica de sustraerse el servicio que se le aplicará sin contemplación la normativa.
Recomendó a los usuarios legalizar su estatus en las diferentes oficinas de las distribuidoras para que no sean multados y sometidos a la Justicia por el delito del robo de energía.
"Que se saquen eso de la mente (el robo de energía), que se den cuenta de que hay que pagar la electricidad", advirtió Segura, en una entrevista en el Palacio Nacional.
De acuerdo con la nueva Ley 186-07, los usuarios que sustraigan menos de a 1,000 KWH, puede ser castigado con penas de de 3 a 5 días de prisión, o multa de 3 a 5 salarios mínimos, mientras que si el robo es inferior a 2,000 KWH, de 5 a 10 días de prisión, o multa de 5 a 10 salarios mínimos.
La normativa contempla, además, que si establece que hay destrucción de líneas, o medidores, los responsables pueden ser condenados de 3 a 10 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos.
Segura informó que actualmente entre 17% y 20% de la energía que se está suministrando no se factura y que hay algo más de un 32 por ciento de sectores que no pagan la energía que consumen.
Recomendó a los usuarios legalizar su estatus en las diferentes oficinas de las distribuidoras para que no sean multados y sometidos a la Justicia por el delito del robo de energía.
"Que se saquen eso de la mente (el robo de energía), que se den cuenta de que hay que pagar la electricidad", advirtió Segura, en una entrevista en el Palacio Nacional.
De acuerdo con la nueva Ley 186-07, los usuarios que sustraigan menos de a 1,000 KWH, puede ser castigado con penas de de 3 a 5 días de prisión, o multa de 3 a 5 salarios mínimos, mientras que si el robo es inferior a 2,000 KWH, de 5 a 10 días de prisión, o multa de 5 a 10 salarios mínimos.
La normativa contempla, además, que si establece que hay destrucción de líneas, o medidores, los responsables pueden ser condenados de 3 a 10 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos.
Segura informó que actualmente entre 17% y 20% de la energía que se está suministrando no se factura y que hay algo más de un 32 por ciento de sectores que no pagan la energía que consumen.
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